La organización criminal dedicada a fraudes en contratos de telefonía operaba también en Barakaldo

Ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a fraudes con contratos de telefonía y compraventa de dispositivos electrónicos, que utilizaba identidades falsas para cometer fraudes.

La Ertzaintza y la Guardia Civil; ha sido una operación conjunta de ambos cuerpos policiales, han detenido a 12 personas en Bizkaia y Burgos, y se han realizado 3 registros en Barakaldo, Bilbao y Miranda de Ebro.

Estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilícita sin llegar a abonarlos o incluso haciendo creer mediante engaños que habían pagado por estos productos, por error, más de lo acordado y recibiendo transferencias por valor de lo supuestamente pagado de más.

Luego, vendían estos productos en establecimientos físicos de compraventa.

La organización criminal  estaba utilizando identidades usurpadas para formalizar contratos de telefonía móvil de manera fraudulenta, obteniendo dispositivos de alta gama (teléfonos, tablets, televisores…).

Estas usurpaciones de identidad causaban un grave perjuicio a las víctimas, que adquirían sin saberlo importantes deudas con las compañías, y eran dadas de alta en los ficheros de morosos.

Esta situación llegó a poner en situación de absoluta indefensión a estas víctimas, llegando a ser citadas para juicios, e incluso habiendo sido dictados señalamientos de búsqueda contra algunos de ellos en alguno de los casos.

Con esta investigación se ha conseguido esclarecer hasta el momento más de 50 denuncias presentadas a lo largo de todo el territorio estatal relacionadas con los siguientes hechos:

Contratos fraudulentos de aproximadamente 200 líneas de teléfono.

Compraventa de productos obtenidos ilícitamente por importe aproximado de 192.000 euros.

Transacciones económicas entre miembros de la organización por importe aproximado de 254.000 euros.

Transacciones y envíos de dinero al extranjero por importe de unos 20.000 euros.

Esta operación supone un importante golpe contra el fraude organizado, la economía sumergida y la usurpación de identidades falsas para cometer delitos.