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Denuncia penal contra Mario Godoy y Dolores Vintimilla salpica al Consejo de Participación y reaviva crisis en la Judicatura

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía ha colocado nuevamente al Consejo de la Judicatura en el centro del debate nacional. El documento menciona al presidente del organismo, Mario Godoy, a su esposa Dolores Vintimilla y a varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de una acusación que plantea presunta delincuencia organizada, tráfico de influencias y fraude procesal. El alcance político de la denuncia no se limita a un nombre. Extiende la mirada hacia el proceso de designación, los vínculos institucionales y la forma en que se construyen mayorías y lealtades alrededor de la administración de justicia.

El caso llega en un momento especialmente sensible, con cuestionamientos acumulados sobre presiones a jueces, crisis de confianza ciudadana y un ambiente legislativo que discute la permanencia de autoridades judiciales. La denuncia incluye pedidos de diligencias y requerimientos de información que apuntan a identificar redes internas, vínculos laborales y posibles intermediaciones dentro del sistema. Aunque el proceso está en etapa inicial y rige la presunción de inocencia, la sola existencia de una denuncia formal con este nivel de nombres genera un impacto directo en la credibilidad institucional.

El debate también expone la responsabilidad política del Ejecutivo. La independencia judicial no puede ser argumento para la inacción gubernamental frente a una crisis estructural que compromete la estabilidad del Estado de derecho. En un país donde la ciudadanía percibe selectividad y falta de consecuencias en casos de alto impacto, cada nuevo episodio alrededor de la Judicatura incrementa la sensación de que la justicia puede volverse administrable mediante presiones, disciplina interna y nombramientos convenientes.

La exigencia pública es concreta. Investigación profunda, transparencia total, medidas institucionales que protejan la independencia de operadores de justicia y garantías de que los procesos no se convertirán en herramientas de desgaste o de control político. Si el Estado no responde con claridad, el costo será mayor que un escándalo mediático. Será un deterioro acelerado de la confianza en el sistema que debería garantizar reglas iguales para todos.

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