Скачать или смотреть Audios PROHIBIDOS: el fallo que pone en JAQUE la libertad de expresión

La noticia política y judicial del día gira en torno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la decisión de la justicia de prohibir la difusión de sus audios filtrados. Un juez civil, Alejandro Maranielo, otorgó una medida cautelar que no solo alcanza a los audios ya publicados, sino también a cualquier material futuro que pudiera aparecer. Para muchos constitucionalistas y dirigentes de la oposición, esta medida representa un claro caso de censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Los audios en cuestión habían sido difundidos por Carnaval Stream y otros medios: fragmentos breves en los que se escucha a Karina Milei arengando a su espacio político. El gobierno sostuvo que fueron grabados en Casa Rosada y denunció un caso de espionaje ilegal, aunque hasta el momento no presentó pruebas concretas que respalden esa acusación.

La polémica se potenció al conocerse que el juez Maranielo enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual y maltrato laboral. Su perfil quedó expuesto justo en el momento en que ordenó la medida que limita la libertad de prensa. Constitucionalistas como Félix Loñigro advirtieron que la decisión es “inconstitucional” y que se trata de un avance contra la libertad de expresión.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal en Comodoro Py a través de su segundo, Fernando Soto. Allí se pide directamente que se allanaran domicilios de periodistas y comunicadores vinculados a la difusión de los audios, entre ellos Mauro Federico y Jorge Rial. Este pedido generó un fuerte repudio, ya que implica un intento inédito de perseguir a periodistas por su trabajo y de vulnerar el derecho constitucional a proteger las fuentes.

La controversia llegó al Senado: la Comisión de Libertad de Expresión anunció una conferencia de prensa y un debate sobre el tema. Dirigentes como el senador radical Pablo Blanco calificaron la medida como un “acto dictatorial” que contradice los principios básicos de la república.

Este episodio se suma a un escenario ya cargado de denuncias de corrupción, crisis interna y desgaste político para el oficialismo. Lo que pretendía ser un cierre de campaña controlado terminó convertido en un escándalo que combina filtraciones, acusaciones cruzadas, denuncias judiciales y una pregunta de fondo: ¿puede un gobierno prohibir a la prensa difundir información de interés público?

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