Ley 39/2015: Motivación de los actos administrativos.

La motivación de los actos administrativos se refiere a los fundamentos y razones que llevan a una autoridad administrativa a emitir un acto o decisión en el ejercicio de sus funciones. La motivación es un requisito esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y la justicia en la administración pública.

Existen diversas razones por las cuales un acto administrativo puede ser motivado. A continuación, se presentan algunas de las principales motivaciones:

Interés público: La administración pública tiene como objetivo primordial el servicio y beneficio de la comunidad. Por lo tanto, los actos administrativos suelen estar motivados por el interés general y la búsqueda del bien común.

Cumplimiento de la ley: La motivación de los actos administrativos debe estar fundamentada en las disposiciones legales, reglamentos y normativas aplicables. La autoridad administrativa debe justificar cómo el acto se ajusta a la legalidad y cumple con los requisitos establecidos.

Protección de derechos: Los actos administrativos pueden estar motivados por la necesidad de proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Esto implica considerar los derechos fundamentales, el respeto a la igualdad, la no discriminación y otras garantías constitucionales.

Razones técnicas o expertas: En algunos casos, la motivación de los actos administrativos puede estar respaldada por conocimientos técnicos, científicos o expertos en determinadas áreas. Por ejemplo, en decisiones relacionadas con el medio ambiente, la salud pública o la seguridad.

Resolución de problemas o conflictos: La administración pública puede emitir actos motivados por la necesidad de resolver problemas o conflictos existentes. Esto puede incluir decisiones para regular situaciones específicas, solucionar disputas o tomar medidas correctivas.

Es importante destacar que la motivación de los actos administrativos debe ser clara, explícita y suficiente, de manera que los destinatarios del acto y los ciudadanos en general puedan comprender las razones que fundamentan la decisión administrativa. Además, la motivación también puede ser revisada y controlada por los tribunales o instancias de revisión administrativa para garantizar su legalidad y corrección.