Скачать или смотреть Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para legalizar todos los billetes de la serie B

El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley para declarar de curso legal todos los billetes de la serie B de 10, 20 y 50 bolivianos, incluidos los que fueron sustraídos tras el accidente del avión Hércules en El Alto, argumentando que la decisión del gobierno de inhabilitar una parte del lote ha generado un perjuicio masivo a la población, especialmente a sectores vulnerables como adultos mayores y habitantes de áreas rurales sin acceso a internet, quienes no pueden verificar la validez de los billetes a través de la aplicación oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) . Alarcón aclaró que su propuesta no exime las responsabilidades penales y civiles por el hurto cometido en la zona del siniestro, y que la norma busca evitar que ciudadanos inocentes sean perjudicados mientras los verdaderos responsables de los delitos continúan siendo investigados .

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, rechazó categóricamente la iniciativa al señalar que "no se puede legalizar lo robado", y advirtió que convalidar la circulación de los billetes sustraídos implicaría incumplir principios básicos de seguridad jurídica y facilitar la vida a quienes cometieron un delito aprovechando una tragedia humana . Sin embargo, el ministro reconoció que la decisión final corresponde a la Asamblea Legislativa, que es "libre de hacerlo", en sintonía con declaraciones previas del presidente del BCB, David Espinoza, quien sugirió que otras instancias del Estado podrían abordar el tema .

Otras voces del Legislativo, como la senadora Soledad Chapetón (Unidad) y la diputada Aurora Patiño (Libre), respaldaron la necesidad de encontrar una solución estructural, ya sea mediante la legalización de toda la serie B o la habilitación de ventanillas de cambio inmediato, mientras que desde el sector bancario se reforzó el llamado a priorizar medios de pago electrónicos para evitar fricciones comerciales . El debate reaviva la discusión sobre la responsabilidad del gobierno en la custodia del dinero y la proporcionalidad de la medida frente al millón de ciudadanos afectados, en un contexto donde la verificación digital resulta inaccesible para amplios sectores de la población y donde el seguro de la aeronave podría ser una vía complementaria para resarcir las pérdidas .