El estado guerrero | FRINGES

En abril del 2011, indígenas purépechas se levantaron contra los talamontes ilegales apoyados por el crimen organizado en Cherán, Michoacán. Desde entonces se empezó a escuchar cada vez con más frecuencia en la prensa sobre diversos grupos de autodefensa que ante la ineptitud, corrupción o falta de interés de las autoridades que deberían garantizar la seguridad de los pueblos, se organizaban para luchar contra el crimen organizado y proteger sus recursos naturales. A Cherán le siguió Urapicho, en Michoacán; Olinalá, en Guerrero; San Dionisio del Mar, en Oaxaca y varios pueblos más. Pero en enero de este año, la situación llegó a niveles mucho más complejos en Guerrero, cuando varios municipios de la Montaña y la Costa Chica salieron a las calles con capuchas, machetes, rifles y escopetas, instalaron retenes y empezaron a capturar a supuestos criminales para después juzgarlos públicamente. Desde entonces, la discusión sobre los grupos de autodefensa y las policías comunitarias ha llegado hasta el congreso y la presidencia del país.

En marzo, viajamos a Ayutla de los Libres en la Costa Chica de Guerrero, para tratar de entender cómo opera la UPOEG, la organización detrás de estos grupos de autodefensa, y a San Juan Acatlán, donde la policía comunitaria, conocida como la CRAC lleva patrullando una buena parte del estado desde 1995.

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