Noticia e información de última hora: Sergio Pascual, Javier Pérez Royo y Esperanza Gómez Corona han soltado una bomba informativa. Tras la condena al fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, Sergio Pascual ha señalado a los jueces del Supremo, en concreto a los cinco que han votado por la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Han sido elegidos por el Partido Popular. Un escándalo que ha definido así: "Hay desconfianza en el Supremo. Con esta sentencia, los españoles sabemos que el PP secuestró el Consejo del Poder Judicial para intentar meter jueces que no se jubilan hasta los 70 años en la Sala Segunda. El juez Marchena controla la Sala 2, Arrieta lo puso Aznar, el juez Berdugo impuesto por Aznar, Moral y Lamela los puso Mariano Rajoy. Es un tribunal político y así se comporta cuando hay decisiones de carga ideológica y política. La novedad es que España ya lo sabe". Se pone sobre la mesa, el escándalo del Novio de Ayuso, el ático, así como la indemnización, se pone sobre la mesa, que la sentencia, se hace como tributo a Franco. Se señala como un aviso a navegantes, se pone sobre la mesa, la última hora del desarrollo del juicio al Fiscal General, las declaraciones del Teniente Balas, Miguel Ángel Rodríguez, Alberto González Amador.
Esperanza Gómez Corona ha sido contundente: "Se le ha inhabilitado durante dos años y es una victoria de la derecha antidemocrática, que ataca al Gobierno de Pedro Sánchez. Se han cobrado al fiscal general, es triste".
Se pone el foco en los errores judiciales y en un golpe de Estado judicial.
El Supremo es consciente de que esta resolución tiene todas las papeletas para ser anulada. La afectación a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial parece tan evidente que difícilmente superará el examen del Tribunal Constitucional o, llegado el caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ese proceso llevará tiempo, un tiempo que responde a los ritmos propios del Derecho, muy distintos a los tiempos de la política, que ahora parecen ser los que guían al tribunal. El anuncio anticipado de la condena es, en el fondo, una forma de dejar hecho el impacto político, aunque dentro de unos años quienes firmaron la sentencia ya no tengan responsabilidad alguna.
La intención es clara: que la discusión se quede en el plano puramente político y evitar que se analice con rigor el aspecto jurídico. Y permanecer en esa superficie es inútil; solo conduce a un desgaste estéril. Desde mi punto de vista, lo que hemos visto es una quiebra directa del Estado de Derecho, difícil de considerar una simple coincidencia en la fecha elegida para comunicarla.
No conviene caer en esa trampa. La condena ya está dictada y no puede revertirse por vías políticas. O, mejor dicho, para que la reacción política tenga sentido, es imprescindible poner el foco en la argumentación de la sentencia, o en la falta de ella. Ahí es donde se librará la verdadera batalla pública: en demostrar que un fallo judicial puede ser obligatorio, pero no necesariamente respetable si no se sostiene jurídicamente. La autoridad de una sentencia se gana con su razonamiento, no con su mera existencia. Y en este caso parece difícil que ese razonamiento pueda sostenerse.
Será fundamental leer con atención tanto la sentencia como los votos particulares cuando se publiquen. Ambos aportarán información decisiva. Y, además, esta vez el análisis se enlazará de inmediato con el escrito en el que se plantee el incidente de nulidad por parte del fiscal general ante la Sala Segunda, paso previo a acudir al Tribunal Constitucional. También será importante la respuesta del propio Supremo a ese incidente.Descargo de Responsabilidad YouTube Cuando se utiliza contenido de terceros se realiza bajo términos de uso legítimo, citando la fuente y añadiendo contexto, verificación, opiniones y más. Nos hacemos eco de las declaraciones de Sergio Pascual en el programa Hora 25, así como el análisis de Javier Pérez Royo y Esperanza Gómez Corona en el Diario es
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