NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA junto a Gonzalo Muñoz y Magdalena Vergara | Políticas en Público

Editorial | Los avances de la nueva educación pública

En noviembre de 2017, se promulgó la ley que estableció el Sistema de Educación Pública y la creación gradual de 70 Servicios Locales de Educación Pública o SLEP, que reemplazan a los municipios y corporaciones municipales en su rol de sostenedores.

La reforma buscó solucionar cuatro problemas clave en la gestión de la educación pública municipal: la falta de visión a largo plazo por la influencia de los ciclos políticos; la baja rendición de cuentas y la falta de responsabilidades claras; las diferencias en capacidades entre municipios; y la fragmentación con 345 sostenedores independientes y poco coordinados.
El objetivo de esta reforma fue crear una nueva institucionalidad, especializada y dedicada 100% a gestionar, apoyar e impulsar la mejora de jardines, escuelas y liceos públicos; garantizando que la educación pública cumple el objetivo de entregar a alumnos y alumnas una formación integral.
Hasta la fecha, hay 38 de 70 SLEP en funcionamiento y solo 15 de ellos han completado el traspaso de los establecimientos educacionales, lo que abre un debate respecto a si hubo problemas de diseño de esta política pública, de su implementación o incluso de ambas.

De acuerdo a un estudio publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, la reforma enfrenta problemas críticos en cuatro áreas: gobernanza con roles poco claros y falta de coordinación entre instituciones; aspectos técnico-pedagógicos con disparidad en la calidad del asesoramiento y comunicación insuficiente con la comunidad educativa; selección por el Sistema de Alta Dirección Pública con deficiencias en el diseño del cargo, retrasos en nombramientos y concursos desiertos; y financiamiento con rigideces presupuestarias, sobre dotación de personal, y dificultades en la transición del servicio educativo.

Actualmente, se discute en el Senado un proyecto de ley que modifica la implementación de los SLEP. El proyecto busca optimizar la gestión y administración del Sistema de Educación Pública fortaleciendo la Dirección de Educación Pública (DEP), mejorando la coordinación y entregando mayor flexibilidad administrativa y financiera a los SLEP.

¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué se debe cambiar?
¿Basta la ley para resolver este tipo de problemas?
¿Por dónde debemos avanzar?

Esto y más en un nuevo capítulo de Políticas en Público.