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La relación entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se encuentra en un punto crítico, evidenciando tensiones crecientes tras una serie de decisiones judiciales que han afectado a figuras clave del gobierno y al círculo íntimo del mandatario. Lo que comenzó como una apuesta por una fiscal independiente, se ha transformado en una confrontación abierta, con acusaciones cruzadas y un evidente enfriamiento en la comunicación entre la Casa de Nariño y el Búnker de la Fiscalía.
La chispa que encendió la crisis fue la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exasesora presidencial y viceministra de las Juventudes. Guerrero, una figura protegida por Petro, deberá responder por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional de contadora a través de la Fundación Universitaria San José. La Fiscalía alega que la joven se aprovechó de un entramado de corrupción para obtener su título sin cumplir con los requisitos académicos, una acusación que ha generado indignación en el Palacio Presidencial. El presidente Petro ha defendido a Guerrero con vehemencia, calificando la decisión de la Fiscalía como una persecución política.
Pero la controversia no se detuvo ahí. En un lapso de 48 horas, la Fiscalía también llamó a imputación de cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Petro en 2022. Roa enfrenta dos imputaciones: una por presunta financiación irregular de la campaña presidencial y otra por la polémica compra y millonaria adecuación de su apartamento en Bogotá. La defensa de Roa se ha basado en la expectativa de que la Fiscalía no solicitará medida de aseguramiento, permitiéndole continuar en su cargo hasta agosto de 2026. Sin embargo, la sola imputación ha generado un fuerte impacto en el gobierno, obligando a Petro a defender a su exgerente de campaña y a enfrentar la posibilidad de que la investigación ponga en tela de juicio la legitimidad de su elección.
La situación se ha complicado aún más con la imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, Petro ha defendido a sus exfuncionarios, lo que ha generado críticas por parte de la oposición y ha alimentado las acusaciones de que el presidente está obstaculizando la justicia.
Ante este escenario, Petro ha respondido con contundencia, cuestionando la independencia de la Fiscalía y acusando a la fiscal general Luz Adriana Camargo de tener vínculos con el candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella. El presidente ha denunciado una supuesta alianza entre Camargo y De la Espriella, alegando que la Fiscalía podría estar utilizando sus investigaciones para perjudicar al gobierno y favorecer a la oposición. Estas acusaciones han sido desmentidas por la Fiscalía y por el propio De la Espriella, pero han exacerbado aún más las tensiones entre la Casa de Nariño y el Búnker.
El movimiento político Colombia Humana, fundado por Petro, también se ha sumado a las críticas contra la Fiscalía, denunciando una presunta alianza entre altas esferas del organismo judicial y el abogado Abelardo de la Espriella. La denuncia anónima, según el movimiento, sugiere que la Fiscalía podría estar desarrollando "falsos positivos judiciales" para encarcelar a miembros del gobierno.
Petro ha expresado su arrepentimiento por haber propuesto a Luz Adriana Camargo como fiscal general, admitiendo que su decisión de buscar una fiscal independiente sin conocerla personalmente ha resultado contraproducente. En una publicación en su cuenta de X, el presidente confesó haber experimentado la sensación de estar preso en los calabozos de la extinta cárcel Gorgona, en un intento por comprender la situación de aquellos que han sido detenidos por la Fiscalía.
La situaci...
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