Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE y mano derecha del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ha lanzado una advertencia directa a su propio partido después de que la dirección socialista le haya abierto un expediente informativo. Según ha trascendido, Díez ha participado en reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a investigados a cambio de información comprometedora para atacar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Espero que el PSOE me defienda”, ha proclamado con determinación en televisión.
Lejos de mostrarse preocupada, la militante socialista ha asegurado sentirse “tranquila” y “aliviada”, convencida de que este expediente será la oportunidad para que el partido conozca “toda la podredumbre” que afirma haber investigado. Ha prometido explicarlo “todo, punto por punto”, y ha subrayado que no hay motivo alguno para expulsarla, sino más bien razones para que sus explicaciones sean “agradecidas” por la dirección socialista.
En sus declaraciones, Díez también ha apuntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien atribuye “culpa in vigilando”. Ha cuestionado cómo es posible que en el Ministerio “no saltaran las alarmas” sobre una trama corrupta que, asegura, lleva años operando, con un fraude “de cientos de millones de euros” y guardias civiles “hablando con corruptos”. Para Díez, la falta de reacción de Marlaska solo puede calificarse como un “error inaceptable”.
Según las informaciones publicadas por OKDIARIO, Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset, habría tejido una red de abogados afines al PSOE para controlar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Ábalos o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel. El propio Ejecutivo concedió las licencias que, posteriormente, habrían servido para defraudar millones en IVA.
Fuentes conocedoras del caso señalan que la fontanera socialista ha mantenido reuniones con empresarios con problemas judiciales para ofrecerles pactos con la Fiscalía, la Abogacía del Estado e incluso indultos del Ejecutivo, a cambio de información sensible sobre la UCO. Una estrategia que, de confirmarse, pondría a Sánchez en el epicentro de un escándalo político y judicial de dimensiones devastadoras para el PSOE.
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