Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Luis Galeano en "Café con Voz": Estamos ante un punto de inflexión histórico en las Américas. Tras décadas de expansión del crimen organizado disfrazado de poder político, especialmente desde el cambio de siglo, el panorama regional comienza a alterarse.
En Latinoamérica a principio del siglo, lo que debía ser una era de consolidación democrática terminó convirtiéndose en un ciclo de dictaduras y regímenes autoritarios que, desde Cuba, se proyectaron hacia Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países, mientras gobiernos formalmente democráticos actuaban como aliados funcionales de ese entramado.
En este contexto, Estados Unidos identificó en 2025 una amenaza directa a su seguridad nacional proveniente de la región: migración forzada, narcotráfico, tráfico de personas, financiamiento criminal de la política y penetración de bandas transnacionales. Bajo esta lógica de “guerra híbrida”, Washington decidió pasar de la contención a la acción, desplegando una estrategia regional contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico, con un mensaje claro de que la impunidad había llegado a su fin.
El golpe más contundente fue la captura del principal responsable del régimen venezolano, acusado de delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, tras la usurpación del poder y el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Esta acción no solo provocó una crisis profunda en el sistema de poder en Venezuela, sino que desestabilizó a todo el eje autoritario regional, consciente de que la caída de uno compromete la supervivencia de los demás.
Desde entonces, el aparato dictatorial ha entrado en una fase de deterioro acelerado, con fracturas internas, disputas por negociaciones y un sometimiento creciente a las condiciones impuestas desde el exterior. La presión económica, el control del comercio petrolero y el aislamiento de aliados estratégicos como China, Rusia e Irán forman parte de una ofensiva que busca desmontar, sin mayor violencia, la estructura criminal que sostuvo al régimen durante años.
Sin embargo, el proceso abre un debate crucial: transición o restitución democrática. La experiencia regional demuestra que las transiciones negociadas suelen preservar cuotas de poder, impunidad y estructuras autoritarias. La verdadera restitución democrática exige desmontar el andamiaje legal de la dictadura, liberar a los presos políticos, restablecer el Estado de derecho y garantizar elecciones libres, algo que requiere liderazgo político interno, hoy notablemente ausente.
Pese a esa ausencia, el escenario actual marca un antes y un después. Por primera vez en décadas, la democracia en la región deja de estar indefensa frente al crimen organizado. El uso legítimo de la fuerza contra estructuras criminales en el poder envía un mensaje inequívoco: la soberanía no protege a los regímenes que gobiernan mediante el terror y la corrupción. El desenlace dependerá del tiempo y de la capacidad de las fuerzas democráticas para asumir su rol, pero el tablero regional ya se ha movido de manera irreversible.
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