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📌 Hecho ocurrido en la CRQ – Área Forestal

Jueves 2 de octubre – 10:45 a. m. | Armenia, Quindío

El día jueves 2 de octubre a las 10:45 a. m., en las instalaciones de la CRQ – Área Forestal, acudí a realizar un requerimiento verbal de información, cuyo objeto era conocer el inventario de palmas de cera en el municipio de Armenia y/o en el departamento del Quindío, así como solicitar la ruta institucional para la denuncia del proceso de afectación a palmas de cera que venimos documentando desde enero de 2024, luego de evidenciar una palma de cera muerta en el municipio de Armenia, señalizada o demarcada.

Durante la atención recibida, fui abordado por dos funcionarias públicas, quienes exigieron autorización para grabar con mi celular la solicitud verbal de información, afirmando que estaba prohibido grabar dentro de las instalaciones de la CRQ y a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y que con ello estaba vulnerando sus derechos.

Al solicitar que dichas afirmaciones fueran sustentadas en norma, las funcionarias guardaron silencio, se negaron a identificarse y no documentaron las acusaciones realizadas. Posteriormente, una de ellas se retiró del lugar y la otra se negó tanto a brindar la información requerida como a identificarse como funcionaria pública.

Como consecuencia de estas omisiones y actuaciones, y al intentar posteriormente presentar un derecho de petición formal relacionado con las afectaciones a palmas de cera, el requerimiento no fue recepcionado, impidiéndose el ejercicio efectivo del derecho de petición, el acceso a la información ambiental y el control y la veeduría ciudadana por parte de ciudadanos y líderes ambientales del Quindío.

Estas actuaciones contravienen directamente el Acuerdo de Escazú, el cual establece:

Artículo 5: el derecho de toda persona a acceder a la información ambiental de manera oportuna, efectiva y sin necesidad de justificar interés.

Artículo 7: la obligación del Estado de garantizar la participación pública en asuntos ambientales, sin obstáculos ni intimidaciones.

Artículo 9: el deber reforzado de proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, evitando amenazas, hostigamientos, restricciones indebidas o represalias en el ejercicio de su labor.

Los hechos descritos constituyen una obstrucción administrativa al ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente y por tratados internacionales vigentes en Colombia, relacionados con la protección del árbol nacional de Colombia: la palma de cera.