Iniciativa de reforma promueve participación del pueblo para eliminar corrupción en el Poder Judicial
El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial —enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados— fomentará la participación del pueblo en la elección de sus representantes, limpiará la corrupción y ayudará a resolver problemas estructurales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales.
Para que la reforma en esta materia sea una realidad, recordó, debe contar con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación de legisladoras y legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores.
La secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, explicó que en caso de aprobarse la iniciativa de reforma, en 2025 se celebrará una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.
Las candidaturas de las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión.
El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección. Este organismo sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral.
Para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el Ejecutivo federal propondrá la terna. En el caso de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el Órgano de Administración Judicial, también propuesto en la reforma, planteará la terna, mientras que la Suprema Corte postulará la terna para magistrados electorales.
La iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo plantea reducir de 11 a 9 ministras y ministros la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los integrantes estarán menos tiempo en el cargo al pasar de 15 a 12 años.
Desaparecerán las dos Salas de la SCJN, que resultan opacas en la resolución de conflictos, por lo que la Corte sólo sesionará en el Pleno; sus reuniones y determinaciones deberán ser públicas.
En cuanto a las prestaciones de ministras y ministros, será eliminada la pensión vitalicia, conocida como haber de retiro, para actuales y futuros miembros de la Suprema Corte.
Los cambios a la Carta Magna reiteran que las remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo salarial establecido para el presidente de la República sin excepción.
El Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podrá recibir denuncias de cualquier persona o autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo.
En tanto, el Órgano de Administración Judicial será integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años. El Poder Ejecutivo nombrará uno, el Senado nombrará a otro y la SCJN nombrará a tres.
Será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
A fin de alcanzar la justicia expedita y el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, habrá nuevas reglas procesales:
Quedará prohibido otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como ocurrió en el caso de la Ley Eléctrica, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, pero anulada en los efectos por sólo dos ministros de la Suprema Corte.
Una vez que concluyan los juicios pendientes por los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la Constitución se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.
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