Скачать или смотреть Adif podría haber destruido pruebas del accidente de Adamuz: es muy grave | Editorial

El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 y que costó la vida a al menos 45 personas mientras dejaba más de un centenar de heridos, ha destapado un escándalo de dimensiones preocupantes. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, se llevó de madrugada y sin autorización judicial piezas clave del lugar del siniestro: los cupones de soldadura de las vías afectadas. Estas muestras fueron trasladadas a su base en Hornachuelos para realizar ensayos de dureza que no habían sido autorizados por el juez instructor.
Esta maniobra, documentada en un atestado de la Guardia Civil, pone en serio riesgo la cadena de custodia de las pruebas. Esas piezas son fundamentales para determinar si la rotura de la vía —hipótesis principal manejada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios— se debió a un defecto de fabricación, a un fallo de mantenimiento o a cualquier otra causa imputable. Sin ellas intactas y correctamente custodiadas, la investigación puede quedar irremediablemente comprometida.
La jueza Cristina Pastor Recover reaccionó con rapidez: amonestó duramente a Adif y ordenó la restitución inmediata de todo el material retirado, advirtiendo expresamente de posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento. El ministro Óscar Puente intentó justificar la actuación alegando que las piezas “no interesaron” ni a la Guardia Civil ni a la CIAF en ese momento y que, según un informe de Ineco, seguían disponibles para análisis.
Esto no parece un simple error administrativo: huele a intento de manipulación o encubrimiento. Como señaló con contundencia el juez Fernando Portillo en una intervención televisiva, “es muy grave” que una entidad con posible responsabilidad en el siniestro invada la escena del accidente y se lleve pruebas sin control judicial. Con 34 denuncias presentadas y 148 diligencias abiertas, la investigación está en jaque.
Las víctimas y sus familias quieren justicia plena y el Gobierno debe asumir responsabilidades inmediatas si se confirma cualquier negligencia o irregularidad. La transparencia no es una opción: es una obligación inexcusable. De lo contrario, la confianza en el sistema ferroviario español se derrumbará tan estrepitosamente como lo hicieron aquellas vías fatídicas en la madrugada de Adamuz.

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